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18 de Abril del 2014

Lo Legal y Tributario: Se Estrecha el Cerco Regulatorio

Home - Por Redacción Gerente - 15/12/2011


La presión sobre las empresas privadas se incrementará en todos los frentes. Habrá presiones por cumplir metas de tributación interna y posiblemente se crearán nuevas contribuciones parafiscales.


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La estructura tributaria que las empresas deben enfrentar en Venezuela es una de las más complejas de América Latina. No por nada el país ocupó el puesto 134 en un total de 141 naciones analizadas en el Ranking de Competitividad del Foro Económico Mundial, muy lejos de Suiza, Suecia, Singapur y Finlandia e increíblemente cerca de Bolivia y Haití, a pesar del tamaño y potencial de la economía local.

El régimen impositivo se ha complicado gracias a la aprobación de una serie de Leyes, en su mayoría de carácter sectorial, que establecen contribuciones para las empresas, generando un sistema atomizado muy difícil de administrar y que, además, entraña graves riesgos de sanciones, tanto administrativas como penales.

Además, la carga tributaria que soportan los negocios en el país es, de lejos, una de las más duras del hemisferio.

El presupuesto 2012 establece que 53% del ingreso fiscal debe provenir de la tributación interna. Según los cálculos oficiales, por concepto de IVA deberán recaudarse 87.160 millones de bolívares; 42.923 millones de bolívares por Impuesto sobre la Renta; 12.952 millones por tributos aduaneros; y 22.217 millones por otros tributos. En total, la imposición fiscal aumentará 42,03%, en términos nominales, durante 2012.

No hay margen para un aumento mayor, según tesoreros corporativos consultados; pero eso no importa, porque el endeudamiento y los ingresos petroleros extraordinarios, derivados de la subestimación de la proyección del precio promedio de la cesta de hidrocarburos, cubrirán cualquier eventualidad posible.

Para el abogado Leonardo Palacios, se plantean dos escenarios tributarios en 2012: uno de radicalización, que supone la aprobación de más tributos, como parte de la instauración de un Estado Comunal, y el otro sería de relajación electoral, que básicamente supone dejar las cosas más o menos como están. Según Palacios, con base en informes y planes oficiales, el Gobierno ya tiene diseñado un Plan Tributario Socialista que, básicamente, se traduce en más tributos para el sector productivo. El abogado señala que viene en camino una reforma del Código Orgánico Tributario, porque en el Ejecutivo se considera que el actual es “muy permisivo”.

Igualmente, podrían reformarse el ISLR para hacerlo “más progresivo”. Igualmente, está contemplada una disminución de la alícuota del IVA con una reducción de las exenciones y una nueva revisión de las cargas a las actividades mineras.

La idea de rebajar la tasa del IVA a 10% ó menos se viene discutiendo en el Ministerio de Planificación y Finanzas, pero su aplicación parece poco probable en el corto plazo, a menos que se compense con otros tributos, también en estudio, como el de las Transacciones Financieras o a las Operaciones Cambiarias.

De concretarse esta reforma “socialista” vendrán tributos adicionales, como el Impuesto al Patrimonio, a las Tierras Ociosas de Uso Urbano, por la Revalorización de Inmuebles por efecto de Obras Públicas y otro pechaje aplicado a la Tenencia de Bienes Suntuarios.

“Estos impuestos están previstos en diversos proyectos de carácter ´oficioso´ que circulan en despachos oficiales, y los lineamientos generales de la reforma se consiguen en el Plan Nacional ´Simón Bolívar´. Aquí no estamos inventando nada”, afirma Palacios.

En opinión de este analista, la intervención del Estado en la economía se profundizará, a través de lo que denomina “cayapa institucional”, lo que significa que se profundizarán los operativos conjuntos de distintos organismos para supervisar empresas y propiciar las tomas y expropiaciones.

“Las políticas tributarias serán una herramienta más para imponer el Estado Comunal, que es una estructura no contemplada en la Constitución. Con la Ley de Costos y Precios Justos, además, seguramente vendrán cargas adicionales. Se habla, por ejemplo, de un tributo a la capacidad instalada no utilizada por causas no justificadas, así como de más contribuciones parafiscales derivadas de leyes como la del Trabajo, Medios Comunitarios y otras”, explica Leonardo Palacios.

Para el año 2012, se esperan las aprobaciones de leyes que complementarán el control político sobre la economía. En cola están la nueva Ley Antimonopolio, Antioligopolio y para la Promoción Justa, que eliminará, según sus promotores, la “competencia capitalista”; Ley para el Ahorro Energético, la cual dará rango legal a las multas, que pasarán a ser contribuciones, por exceso de consumo; y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, que generará un marco regulatorio estricto para los servicios de salud privados.

El abogado José Manuel Ortega, socio del escritorio Raffali, De Lemos, Halvorssen, Ortega & Ortíz, dice que el régimen legal para hacer negocios en Venezuela es cada vez menos claro y preciso, por lo que las empresas necesitan asesoría jurídica para introducir recursos de interpretación ante organismos competentes, “debido a que muchos instrumentos jurídicos que están saliendo resultan confusos y contradictorios”.

En 2012, la gran novedad en materia de regulación es la Ley de Costos y Precios Justos, cuyo reglamento general, por cierto, se aprobó al cierre de esta edición. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sunacopre) es una nueva institución que tendrá poderes muy amplios de regulación, supervisión y sanción.

Se puede decir que la Sunacopre pasa a ser el gran regulador del funcionamiento de la economía, ya que determinará precios y ganancias, intervendrá en todos los procesos productivos y comerciales, además que parece destinada a ser una suerte de ente rector de la planificación microeconómica.

“Los empresarios tienen que prepararse para un régimen completamente arbitrario de control de precios, aún más arbitrario que el vigente”, apunta Palacios. Sin embargo, el abogado José Ignacio Hernández, del escritorio Grau, García, Hernández & Mónaco, prevé una aplicación más selectiva de la norma, básicamente por las dificultades técnicas y logísticas que implica montar un sistema de fiscalización que alcance a todas las empresas, excepto las bancarias.

Es posible que, para productos esenciales, como alimentos, medicinas, bienes de cuidado personal y otras categorías afines se establezcan bandas de precios.

A los efectos del tema tributario, la LCPJ genera problemas, porque no es el único mecanismo de control de precios. Como este instrumento no deroga, por ejemplo, a la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, los abogados interpretan que ambos instrumentos estarán vigentes simultáneamente, lo que puede traer confusiones en la determinación de precios y márgenes. Así las cosas, el tema regulatorio luce como uno de los mayores problemas que van a enfrentar las empresas. Para Palacios no existen dudas sobre el impulso que recibirá la instauración del llamado Estado Comunal, lo que significa “más controles, inspecciones y cierres para las empresas”.


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Angustia. Viene en camino una reforma del Código Orgánico Tributario, porque en el Ejecutivo se considera que el actual es “muy permisivo”.



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