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Business Software Alliance: 86% del Software en Venezuela es Ilegal

De toda la región latinoamericana, Venezuela es el país con los índices más elevados de piratería en materia de software.

“La piratería causa que el país pierda capital por no percibir los impuestos correspondientes”. Montserrat Durán, BSA.

La piratería es un tema que no sólo afecta a las industria musical y cinematográfica; también causa un fuerte impacto negativo en el uso de software ilegal. “De igual manera es un robo, a pesar de tratarse de un bien intangible”, explica Montserrat Durán, directora regional para América Latina de Business Software Alliance (BSA). Y es que la piratería de software además de ser un crimen, atenta contra la seguridad de los datos y equipos de empresas e individuos.

Índices de la organización revelan que Venezuela es uno de los países con mayor promedio de piratería de software en la región con una alarmante cifra de 86%. Para establecer un patrón de comparación, en Europa el nivel más elevado de uso ilegal de software lo tiene España con 43% y esto se debe a que el gobierno español tiene fiscalías especializadas para combatir el delito.

La empresa consultora Price Waterhouse realizó el estudio “La contribución de la industria del software estándar a las economías europeas”, en el cual se concluye que, de respetarse el derecho a la creación intelectual del software, se podrían incrementar los puestos de trabajo y se evitaría la competencia insana. Pero, ¿qué pasa con la piratería de software en Venezuela?

“Es necesario ver este delito como una cuestión de Estado”, dice la Directora Regional para América Latina de BSA. Los gobiernos son la clave o la piedra de tranca en los procesos para combatir el uso de software ilegal y “con el actual gobierno, en Venezuela se puede hacer poco, a pesar de contar con un ente que realiza un buen trabajo contra a piratería como el Seniat que procura que las empresas paguen los impuestos correspondientes por la adquisición de programas con licencia”.

No obstante, las medidas del Seniat no son suficientes para la lucha contra el robo de la propiedad intelectual, es necesario contar con entes gubernamentales especializados en materia de adquisición y uso ilegal de software. A título personal, Durán estima que la estadía y la lucha de BSA para evitar el delito en territorio venezolano no durará mucho tiempo, sin embargo, la última palabra la tiene la directiva de la organización, que evaluará minuciosamente las inversiones en el país.

Por otra parte, el director de BSA para Venezuela y presidente del Grupo de Acción Nacional Antipiratería, Manuel Rodríguez, abogado especialista en derechos de autor, sostiene que el caso del irrespeto en a la propiedad intelectual en Venezuela es grave, pero “la garantía constitucional a la propiedad intelectual es de vieja data, desde 1961 la constitución lo establece tras la firma del pacto de San José de Costa Rica”.

A su juicio, se han dado grandes pasos a lo largo de los años para combatir la piratería, que desde 1993 se considera como un bien protegido el derecho de autor de los programas de computación.

Uno de los logros más significativos de la asociación Nacional Antipiratería fue obtenido en 2003 cuando se comenzó a trabajar con las aduanas venezolanas para reducir el ingreso de maquinarias de copiado a la nación. Luego de eso, se estableció en el artículo 15 de la Ley de Aduanas que “está prohibida la desaduanización de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual”.

No obstante, considera que sigue siendo crítica la situación, pues no hay recursos para avocarse específicamente en el tema: “No existen tribunales especializados y sólo hay un fiscal que atiende más de 50 casos mensuales. Sin embargo, estamos muy esperanzados en que las cosas cambien”, afirma Rodríguez.

Si bien el proceso de piratería era importante, la llegada de Internet hizo que el fenómeno se atomizara y provocó que varios organismos policiales del mundo calificaran el delito de la piratería como el segundo del mundo -el primer delito reconocido mundialmente es el relacionado con las drogas- causando pérdidas millonarias de 7 mil 700 millones de dólares.

Rodríguez afirma que en la actualidad los avances alcanzados en materia de piratería penden de un hilo, porque se evalúa la posibilidad de cambiar lo establecido en el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre la protección que brinda el Estado a la propiedad intelectual, en el marco de la reforma constitucional propuesta por el ejecutivo nacional.

La Lucha Continúa
Para BSA lo más importante es seguir el norte que han tenido desde hace 30 años durante el año 2008: lograr más acuerdos con los gobiernos y enseñarlos a ver y sancionar el uso de software libre como cualquier delito. Pretenden también penetrar en la conciencia de los individuos educándolos sobre las razones por las cuales no deben formar parte de la ola de piratería que azota al mundo y sobre todo a América Latina.

A juicio de los voceros de BSA, si bien cada país tiene una realidad distinta, el delito es el mismo y lo ideal es unificar criterios para combatir el crimen organizado que produce la venta y copia informal de programas para computadoras.

Lo más importante para BSA es seguir siendo la asociación más importante del mundo para, de ese modo, ser la voz de los creadores de software ante los gobiernos y los mercados internacionales.

Para ello cuentan con oficinas centralizadas en Europa, Asia y Estados Unidos y programas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Puerto Rico y Venezuela.

Por Hylenne González Alfonzo.

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